La Ley de Partidos Políticos, todos la quieren pero vestida de su color

POR, ELI HEILIGER

SANTO DOMINGO. 23 abril.-Otra vez vuelve el debate para crear un marco jurídico a fin de regular el accionar de los partidos, que ha sido boicoteado durante 15 años, sobre todo, para evadir el control de los gastos durante los procesos electorales.

En los últimos años fracasaron varios intentos para lograr consenso, incluida la mediación de Agripino Núñez Collado, reclamado hoy por la oposición para que lleve a la mesa del diálogo los sectores enfrentados luego del anuncio del Partido de la Liberación Dominicana de que la aprobará, de manera unilateral en el Congreso Nacional.

Llama la atención la historia de los abortos por aprobar esta legislación en los últimos años, en los que ni la firma de los acuerdos entre las cúpulas partidarias y hasta los alientos de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas han logrado cristalizar.

Inútiles resultaron los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Justicia e Institucionalidad y empresariales en sus peticiones para que hacer realidad la Ley de Partido Políticos.

También Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez quien solicitó la aprobación de dicha legislación al considerar que es el escenario para la transparencia de los procesos electorales, como dijo el 5 de febrero del 2015.

Todo indica, por la conducta exhibida, por las organizaciones, que se quiere una Ley de Partidos, pero a su manera, que favorezca sus intereses.

Se recuerda que los partidos suscribieron en el 2012 un pacto con el compromiso de impulsar la aprobación de la Ley de Partidos Políticos, pero no paso del deseo.

La divergencia

Uno los puntos de divergencias que impide la cristalización de la Ley de Partidos es la regulación de los fondos económicos que manejan para realizar las campaña electorales, que actualmente provienen del Estado, narcotráfico, entre otras fuentes, ya que no se quiere control en este sentido.

La Junta Central Electoral introdujo al Congreso Nacional en febrero del 2015 los proyectos de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas y Ley Orgánica del Régimen Electoral, pero ello no ha tenido ninguna repercusión y recientemente hizo lo mismo.

Los fracasos tienen su explicación en el interés de las distintas formaciones políticas, en especial las mayoritarias en hacer una ley que resguarde y eternice sus intereses, sin tomar en cuenta el fortalecimiento institucional de la vida partidaria, para tener procesos electorales transparentes.

La sociedad demanda una Ley de Partidos Políticos que garantice la democracia interna, hasta ahora secuestrada por las instancias direccionales de los partidos políticos, la cuota de las mujeres y el voto preferencial.

Además se reclama el control de las finanzas de los partidos para impedir el uso de los recursos del Estado y provenientes del narcotráficos y lavado de activos, que inclinan la balanza de los resultados electorales.

La aprobación de la Ley de Partidos es necesaria en estos momentos en que los partidos atraviesan por crisis internas y requieren modernizarse, democratizarse, para garantizar su existencia.

Se demanda la intervención de la Junta Central Electoral en la fiscalización de los procesos comiciales de las organizaciones políticas a fin de garantizar el respeto de la mayoría al momento de la elección de los candidatos a cargos electivos y direccionales.

La aprobación de la Ley de Partidos es necesaria en estos momentos en que los partidos atraviesan por crisis internas y requieren modernizarse, democratizarse, para garantizar su existencia.

De ahí la importancia de las expresiones que llevan a cabo diversos sectores de la sociedad para que se apruebe dicha legislación.

Actualmente, los partidos opositores reclaman la Ley de Partidos elaborada por todos, en momentos en que el partido oficial ha dicho que recurrirá a su mayoría en el Congreso Nacional para aprobarlo.

Vistas públicas

El jueves pasado el Congreso inició las vistas públicas para conocer la opinión de diversos sectores sobre la misma, la mayoría de sus participantes respondían al interés del oficialismo.

Hay un despertar entre los partidos y la sociedad civil y otros sectores para que se apruebe la Ley que garantizará la democracia interna y la transparencia electoral y evitar un trauma como alega el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, quien advirtió que a falta de las nuevas normas el próximo proceso electoral se organizaran con resoluciones

Sin embargo, a pesar del interés de los partidos en que el país tenga la nueva legislación, la sociedad debe estar atenta para evitar que los partidos se hagan un traje a la medida.