VER VÍDEO, EN BARAHONA: Grisel Mateo Castillo: mi nombre ha sido enlodado y exijo sea limpiado

POR: LA LUPA DEL SUR

BARAHONA.- Una mujer a quien el Ministerio Público y la Policía Nacional detuvieron para investigarla por su presunta vinculación con el asalto al camión de transporte de valores, de la compañía G4S, donde sustrajeron 36.5 millones de pesos, reclamó a las autoridades aclarar la situación en torno a ella.

 

Grisel Mateo Castillo, de 38 años, dijo que del hecho, ocurrido la madrugada del pasado martes en la carretera Azua-Baní, cuando supuestamente asaltantes sustrajeron el dinero, ella no tiene ninguna vinculación ni sabe nada.

 

Calificó de irresponsable ofrecer información vinculándola con un hecho del que ella no tiene ni idea, aunque admitió que el pasado jueves fue detenida en su residencia, ubicada en la calle Jaime Mota 138, del sector de Savica e inmediatamente despachada a su hogar.

 

La señora Mateo Castillo, fue detenida por oficiales de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), de la ciudad de Santo Domingo, quienes se hicieron acompañar de un representante del Ministerio Público.

 

Actuaron atendiendo a la orden de arresto 00621-2018, emitida por la magistrada Lissa Melina Veras, Jueza de la oficina judicial del servicio de atención permanente, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Azua.

 

La mujer, vinculada a lo que ha sido calificado por la Policía de “auto robo”, orquestado por los propios empleados de la empresa de transporte de Valores, dijo que ella es una profesional, de termino de educación y que la información infundada proporcionada por la policía “ensucia” su nombre, así como el de su familia.

 

Dijo esperar que las autoridades aclaren la situación en torno ella, que le expliquen a la opinión pública si tiene alguna vinculación con este hecho, porque de lo contrario llevará el caso hasta las últimas consecuencias “porque no puede jugarse con la conducta de las personas”.

 

¿Por qué la buscan?

 

Grisel Mateo Castillo, reiteró que ella no tiene ninguna vinculación con el hecho por el que fue requerida en su vivienda la tarde del pasado jueves y detenida por espacio de 24 horas investigándola sobre el asalto al camión de valores.

 

Mateo Castillo, dijo que es esposa de Israel García, quien hace cerca de un año laboró en la compañía de transporte de valores, quien tiene una demanda abierta a la empresa G4S porque no le han dado sus prestaciones laborales.

 

“No tiene ninguna vinculación, sino que tiene un problema directo con el gerente de la empresa porque lo despidieron hacer cerca de un año y no le hicieron efectivo el pago de sus prestaciones laborales, por lo que mi esposo tiene una demanda contra la compañía”, explicó.

 

Manifestó que junto a su pareja ha procreado tres hijos y no ha hecho otra cosa que trabajar honradamente para sacar hacia adelante a la familia por lo que “este daño debe ser resarcido y esperamos las autoridades puedan aclarar qué vinculaciones tenemos nosotros en torno a este caso”.

 

Con relación al asalto están detenidos los guardianes de la citada compañía de transporte de valores, Manuel Isaac Pérez Sánchez, de 33 años; Nircido Félix Fernández, de 51 y Ruddy Alberto Serrano Félix, de 50 e Israel García, esposo de Mateo Castillo.

 

Según la Policía Nacional no se produjo ningún asalto por parte de personas que portaban armas y ropa militar, sino que se trató de un auto robo planificado por los propios empleados, todos residentes aquí. Por dos ocasiones ha sido reenviado el conocimiento de la medida de coerción.

 

El asalto o “autor robo” fue perpetrado al camión Daihatsu, blanco, placa L355947, de la compañía de envió de valores G4S, que transportaba 14 valijas y un cajero, que contenían la suma de 36 millones 545 mil 400 pesos en efectivo.

 

La audiencia para conocer la medida de coerción a los guardianes fue aplazada para el martes 17 del mes en curso, tras la magistrada acoger el pedimento de los abogados de la defensa, para que sus defendidos se llevaran a un médico legista que determinara si sus clientes han recibido maltratos físicos y sicológicos de los agentes policiales que investigan el asalto.