OPINION; Los paros y huelgas en las escuelas públicas de San Juan

POR RUBEN MORETA

En San Juan de la Maguana hay un enrarecimiento de la acción educativa en las escuelas públicas, a partir de las paralizaciones constantes, como la de esta semana.  La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) es la más poderosa organización sindical de la República Dominicana y del Caribe. Posee ciento cincuenta y cinco seccionales en igual número de municipios.  Sucede que hay ciento cincuenta y cuatro seccionales trabajando normalmente, tras acogerse a la línea de su dirección nacional de dar un compás de espera en su lucha para iniciar una negociación con el Ministerio de Educación para acordar un aumento salarial.  Solo abandonó ese mandato la seccional de San Juan de la Maguana, cuyos directivos dispusieron un paro magisterial de casi toda la semana. 

En toda la nación las escuelas públicas están trabajando, menos en San Juan de la Maguana.  Hace un par de años escribí, y hoy reitero, que un aspecto fundamental pendiente de redefinir es la gobernanza del sistema educativo dominicano.  En este ámbito, el sistema instruccional presenta graves fallas, al punto de que se pueden aniquilar todos los esfuerzos que se encaminan si las paralizaciones de centros educativos no son radicalmente detenidas.  Se impone un pacto en ese sentido.

Es urgente  establecer una eficiente y científica supervisión escolar y un fuerte y rígido régimen de consecuencias para quienes  afecten el derecho constitucional de los/as niños/as y jóvenes a recibir su educación sin interrupciones fútiles. 

Primará la anarquía y el caos en una organización –del tipo que sea- que no tenga perfectamente definida una línea de mando.  Lo que históricamente viene ocurriendo en las escuelas públicas dominicanas es que cualquier caudillo sindical local se arroga el derecho de paralizar la docencia.

Las interrupciones en la docencia son una patología cancerosa que debe ser  atendida y/o extirpada por el liderazgo del sistema educativo dominicano, a partir de la lógica deontológica definida en nuestra Constitución, que impone taxativamente -en su artículo 63- la educación como un derecho.

El autor es Profesor UASD.