Represión sobre ruedas: Policía confisca patinetas eléctricas en San Francisco de Macorís en abierto atropello a la ley

SAN FRANCISCO DE MACORÍS, R.D.– En lo que muchos ciudadanos califican como un abuso de poder sin precedentes, agentes de la Policía Nacional han iniciado la incautación masiva de patinetas eléctricas (“pasolitas”) en distintos puntos de San Francisco de Macorís, ejecutando un operativo que ha sido señalado como ilegal, arbitrario y violatorio del derecho al libre tránsito, consagrado en la Constitución dominicana.

La acción se sustenta en un supuesto “ordenamiento” de la Alcaldía Municipal que prohíbe la venta y el uso de estos medios de transporte, bajo el argumento de que ahora se requerirá un permiso especial para circular por las vías públicas. 

Sin embargo, no existe hasta el momento una resolución pública, reglamento formal ni ley nacional que avale la confiscación inmediata de estos vehículos, lo que ha encendido las alarmas entre juristas, comerciantes y ciudadanos afectados.

Lo más grave del caso es que la medida no discrimina entre edades ni condiciones, afectando directamente a personas adultas, padres de familia y pequeños emprendedores, quienes utilizan estas patinetas como herramienta de trabajo para servicios de delivery, mensajería y transporte diario. Para muchos, la incautación significa quedarse sin ingresos de un día para otro.

Testigos aseguran que los agentes retiran las patinetas sin levantar actas, sin imponer multas formales y sin ofrecer información clara sobre dónde reclamarlas o bajo qué condiciones podrían ser devueltas, lo que ha generado sospechas sobre el manejo y destino de los equipos confiscados.

“Esto no es regulación, es represión. Nos quitan nuestro medio de trabajo sin explicación y sin ley”, denunció un comerciante visiblemente afectado.

Hasta el cierre de esta información, la Alcaldía de San Francisco de Macorís, la Policía Nacional y la DIGESETT guardan silencio, sin ofrecer detalles sobre la base legal del operativo, los requisitos del supuesto permiso ni el procedimiento para la recuperación de las patinetas.

Sectores sociales advierten que esta actuación sienta un peligroso precedente, donde una disposición municipal estaría pasando por encima de la Constitución y las leyes nacionales, castigando a los más vulnerables y criminalizando un medio de transporte alternativo y ecológico.

La presión ciudadana aumenta y no se descarta que en las próximas horas se anuncien protestas, recursos legales y denuncias formales ante organismos de derechos humanos si no cesan estos operativos considerados abusivos.