SAN JUAN, MINERÍA Y EL SILENCIO DE LA CIENCIA
Por: Ing. Juan Felipe Ditrén Flores
Me preocupa profundamente que el debate sobre el
Proyecto Romero en San Juan esté siendo dominado más por el miedo, la política
y las consignas que por la ciencia, la ingeniería y la evaluación ambiental
seria.
Y quiero decirlo con responsabilidad: la gente tiene
derecho a tener miedo. San Juan tiene derecho a defender su agua, su
agricultura y su futuro. Las organizaciones sociales tienen derecho a
protestar. Los políticos tienen derecho a fijar posición.
Pero los ingenieros, geólogos, ambientalistas, químicos,
hidrogeólogos, agrónomos y profesionales de las ciencias también tenemos una
responsabilidad: no permitir que el rumor sustituya al método científico.
No se puede aprobar un proyecto minero por promesas.
Pero tampoco se debe condenar antes de que concluyan los
estudios técnicos.
La pregunta seria no es “minería sí” o “minería no”.
La pregunta seria es:
Eso es lo que debe guiar una decisión de Estado.
La
minería histórica dominicana dejó heridas y pasivos ambientales. Eso no se
puede negar. Pero tampoco podemos analizar un proyecto moderno como si
estuviéramos en los años de Rosario Dominicana, Alcoa o cualquier operación
desarrollada bajo marcos institucionales más débiles.
Hoy existe la Ley 64-00, existe
Ministerio de Medio Ambiente, existen procesos de evaluación ambiental,
licencias, planes de manejo, monitoreo, consulta pública, sanciones y veeduría
técnica.
¿Funcionan perfecto? No.
¿Deben fortalecerse? Sí.
Pero precisamente por eso necesitamos más ciencia, no
menos ciencia.
Más ingenieros revisando datos.
Más geólogos explicando el terreno.
Más hidrogeólogos hablando del agua.
Más químicos evaluando procesos.
Más agrónomos defendiendo la producción.
Más universidades participando.
Más transparencia pública.
Más medición y menos consignas.
Si el estudio demuestra que el Proyecto Romero
representa un riesgo inaceptable para el agua de San Juan, debe rechazarse.
Pero si los estudios demuestran que los riesgos pueden
ser prevenidos, mitigados, monitoreados y fiscalizados bajo estándares
modernos, entonces el país tiene la obligación de discutirlo con madurez.
No se trata de defender una empresa.
Se trata de defender algo más importante: que las
decisiones nacionales se tomen con evidencia.
Porque si como sociedad dejamos que la ciencia sea
reemplazada por el miedo, entonces no solo pierde la minería.
Pierde la ingeniería.
Pierde la academia.
Pierde el Estado.
Y pierde la ciudadanía, que merece información clara,
técnica y verificable.
San Juan merece agua, agricultura y desarrollo.
Pero sobre todo merece verdad.
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