El caso del magistrado Francis Bido y Matos expone la precariedad que expulsa al personal honesto del sistema.

                                                           

Por: Leandro Ortiz de la Rosa

 

Es del sector Villa Flores, en Los Mojaos de San Juan. A pesar de ocupar una posición de autoridad, Francis Bido Matos sigue viviendo entre los vecinos que lo vieron nacer y crecer. Los Mojaos es un sector donde conviven realidades humanas muy distintas. Ahí nació él, en una casa de cartón dividida, luego levantada en block y techada con zinc. De él dependen sus hermanas y sobrinos, que ante cualquier apuro económico o de salud acuden a su ayuda.

 

Ninguna de estas dificultades ha torcido su conducta. Durante 25 años ha dedicado su vida al Ministerio Público, aun en medio de estrecheces económicas. Si sale a disfrutar, lo hace con su dinero. No acepta regalos de ningún tipo, ni siquiera cortesías de amigos. Compartí con él antes de que fuera fiscal, y ya entonces me sentía orgulloso de su honestidad y su buen porte.

 

Hoy Francis Bido y Matos va a renunciar al Ministerio Público. Es una noticia inaceptable y preocupante para el sistema jurídico dominicano. El Consejo Superior del Ministerio Público debería ver esta decisión no solo como una pérdida para el órgano acusador, sino como una señal de alarma para toda la judicatura.

 

Lo digo porque es un fiscal transparente, decente, capacitado y respetuoso con las partes, incluso con los imputados. Él mismo lo expresa así: “Si lo tengo preso, tengo las pruebas y le voy a pedir 20 años de cárcel, lo menos que debo hacer es respetar la dignidad del imputado”.

 

Su renuncia no solo afecta al Ministerio Público. Afecta a un grupo de fiscales que, como él, persiguen el delito con razonabilidad y objetividad, lejos de la corrupción y el soborno. Cuando Francis está en los tribunales, los jueces confían en el órgano acusador. El Estado cuenta con una representación sólida, y las víctimas tienen la garantía de que su caso será defendido con seriedad.

 

La situación del Ministerio Público es tan precaria como la de la judicatura. Hay ausencia de personal, sobrecarga de trabajo, sueldos que no alcanzan y enfermedades derivadas del estrés: diabetes, hipertensión, taquicardia. Aun así, fiscales como Salín Valdez, Celestino Geraldino, Vicente Rodríguez, Hernanda Arias, Danelis Antonia Medina y Mayi Antonia Viloria Caraballo sostienen la reserva moral de la institución. Nunca han sido señalados por soborno, extorsión ni irregularidades. Sin embargo, no tienen garantía de una pensión digna. Eso empuja a profesionales como Francis a renunciar.

 

Es necesario que el Consejo Superior del Ministerio Público tome cartas en el asunto. Detrás del magistrado Bido y Matos pueden venir otras renuncias. Y esos espacios pueden ser ocupados por personas cuyo comportamiento deja mucho que desear. Hay que evitar que el Ministerio Público se convierta en un instrumento al servicio del crimen organizado, protegido por un nombramiento del Estado.

 

Es injusto que quienes persiguen el crimen vivan con tantas carencias que los obliguen a renunciar por temor a ser tentados y perder lo que más anhelan: su dignidad.

 

Hago un llamado a la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y al presidente del Consejo Superior del Ministerio Público. Esta renuncia no debe aceptarse sin antes evaluar el reconocimiento que merece. Otórguesele la categoría de fiscal adjunto o titular, bien ganada, para dignificar su trayectoria y la de los fiscales mencionados.

 

De lo contrario, prepárense para más renuncias. Y para que la delincuencia organizada aproveche el vacío. Sacrificar a quienes sostienen la función fiscal con dignidad y sentido de pertenencia es una injusticia dentro de la justicia.

 

Es una realidad conocida por todos, desde el fiscalizador hasta la Procuradora General de la Republica lo que se vive en San Juan. No sé quién tiene la última palabra, pero sé que el tiempo se agota.

 

El autor es periodista y abogado.