CMD somete acción de inconstitucionalidad contra la Ley 74-25 y advierte impacto en el sistema de salud
POR: RAFAEL MENDEZ
San Juan de la Maguana, República Dominicana.– En el marco del paro de labores que se desarrolla este martes en todos los hospitales públicos del país, el Colegio Médico Dominicano (CMD) informó que ha depositado formalmente ante el Tribunal Constitucional una Acción Directa de Inconstitucionalidad contra varios artículos de la recién promulgada Ley 74-25, correspondiente al nuevo Código Penal de la República Dominicana.
La información fue ofrecida por el doctor Iván Piña, presidente regional Sur del CMD, quien explicó que la acción legal busca cuestionar disposiciones específicas que, a juicio del gremio, vulneran principios fundamentales establecidos en la Constitución.
Piña fue enfático al aclarar que esta iniciativa no pretende fomentar la impunidad dentro del ejercicio médico. “Los profesionales de la salud estamos plenamente de acuerdo en que, cuando exista dolo, mala fe o negligencia grave, debemos responder ante la justicia. Eso no está en discusión”, expresó. Sin embargo, precisó que dicha responsabilidad debe ventilarse en el ámbito civil, disciplinario o ético, y no bajo un esquema penal que, según indicó, resulta desproporcionado.
El gremio médico impugna de manera puntual los artículos 8, 9, 12 y 354 de la referida ley. En relación con el artículo 12, que aborda la omisión y la posición de garante, el CMD sostiene que su redacción es ambigua e imprecisa. Argumentan que la medicina es una ciencia de medios y no de resultados, por lo que no se puede penalizar a un profesional por complicaciones inherentes a los tratamientos o por fallas estructurales del sistema de salud.
Asimismo, cuestionan el párrafo I del artículo 8, relativo a la responsabilidad de las personas jurídicas, señalando que permite sancionar penalmente a hospitales o clínicas sin identificar al responsable directo de la acción, lo que, según afirman, viola principios como la presunción de inocencia y la responsabilidad personal.
En cuanto al artículo 354, el CMD rechaza el agravante que duplica las penas cuando el ejercicio médico se realiza en el sector público, al considerar que esto constituye una violación al principio de igualdad ante la ley establecido en la Constitución dominicana.
De igual forma, el artículo 9, sobre responsabilidad compartida, es criticado por extender la imputación penal sin establecer límites claros, lo que podría generar interpretaciones arbitrarias.
Uno de los principales argumentos expuestos por el gremio es el riesgo de fomentar la llamada “medicina defensiva”, una práctica en la que los médicos priorizan evitar consecuencias legales por encima del criterio clínico. Según Piña, esto podría traducirse en más exámenes innecesarios, retrasos en la atención, rechazo de pacientes en condiciones críticas y un aumento en los costos de los servicios de salud.
“El resultado final sería un sistema más lento, más caro y menos accesible, afectando directamente el derecho a la salud consagrado en la Constitución”, advirtió.
El CMD fundamenta su acción en precedentes del Tribunal Constitucional, citando sentencias sobre razonabilidad, proporcionalidad e igualdad, las cuales, según indican, no son cumplidas por los artículos impugnados.
Finalmente, el gremio hizo un llamado al alto tribunal para que declare la inconstitucionalidad de las disposiciones señaladas, en defensa del Estado de Derecho, la seguridad jurídica de los profesionales de la salud y, sobre todo, el bienestar de los pacientes dominicanos.

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