El magistrado Manuel Ramírez Suzaña propone reformar el Código de Procedimiento Civil para reducir la mora judicial en el país

El magistrado destaca ante el Consejo Nacional de la Magistratura los resultados del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, cuyos 33 tribunales fueron puestos al día mediante planificación, tecnología y trabajo coordinado.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El magistrado Manuel Antonio Ramírez Suzaña, juez presidente de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana y aspirante a integrar la Suprema Corte de Justicia (SCJ), propuso la actualización del Código de Procedimiento Civil dominicano y el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la conciliación y los acuerdos entre las partes, con el objetivo de contribuir a la reducción de la mora judicial y garantizar una justicia más ágil y oportuna.

El planteamiento fue presentado este jueves durante su entrevista ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en el marco del proceso de evaluación de los aspirantes a ocupar posiciones en el máximo tribunal del Poder Judicial.

Ramírez Suzaña consideró que el sistema procesal civil necesita adecuarse a las exigencias actuales de la sociedad dominicana, tomando en cuenta que el Código de Procedimiento Civil vigente tiene sus raíces en el siglo XIX y requiere una transformación que responda a las necesidades contemporáneas de la administración de justicia.

Al responder una pregunta del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, sobre las disposiciones de ese instrumento legal que podrían resultar incompatibles con la tutela judicial efectiva, el magistrado explicó que la modernización de los procedimientos no debe depender exclusivamente de una reforma legislativa.

En ese sentido, sostuvo que la práctica judicial y el desarrollo de la jurisprudencia pueden contribuir a actualizar la aplicación de las normas procesales, mientras se avanza hacia una reforma integral del marco legal.

Propone impulsar la conciliación en los procesos civiles

Uno de los aspectos centrales de su exposición fue la necesidad de promover mecanismos alternativos que permitan resolver las controversias sin que todos los conflictos deban prolongarse en los tribunales mediante litigios tradicionales.

El magistrado planteó que la conciliación y los acuerdos entre las partes deben tener una mayor presencia en la jurisdicción civil, siguiendo la experiencia de otras áreas del derecho en las que se procura alcanzar soluciones mediante el diálogo y el entendimiento.

A su juicio, si la conciliación constituye una herramienta utilizada en materia penal, también puede desempeñar un papel importante en los conflictos civiles, especialmente cuando se trata de controversias en las que las partes tienen la posibilidad de llegar a acuerdos satisfactorios.

Ramírez Suzaña enfatizó que es necesario superar una cultura judicial centrada exclusivamente en la confrontación procesal y avanzar hacia un modelo que facilite soluciones más rápidas, reduzca la acumulación de expedientes y permita aprovechar de manera más eficiente los recursos del sistema judicial.

El juez hizo referencia al artículo 69 de la Constitución dominicana, que consagra la tutela judicial efectiva y el debido proceso, y destacó la importancia de garantizar que los ciudadanos reciban respuestas oportunas a sus reclamaciones.

Asimismo, tomó como referencia las experiencias de otros países que han impulsado una mayor oralidad en los procedimientos civiles, con el propósito de simplificar trámites y facilitar la resolución de los casos.

Su propuesta se enmarca en la discusión sobre cómo modernizar la justicia dominicana para reducir los tiempos de respuesta, fortalecer la seguridad jurídica y ofrecer a los ciudadanos procedimientos más accesibles y eficientes.

San Juan de la Maguana: experiencia contra la mora judicial

Durante la entrevista, la jueza de la Suprema Corte de Justicia Nancy Salcedo Fernández preguntó al magistrado sobre las estrategias aplicadas para enfrentar la mora judicial en el Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, donde Ramírez Suzaña ejerce como juez presidente de la Corte de Apelación desde 1998.

Al responder, atribuyó los resultados alcanzados al trabajo coordinado de jueces, juezas y personal administrativo y de apoyo, así como a la incorporación de herramientas tecnológicas para mejorar la gestión de los expedientes y fortalecer los mecanismos de seguimiento y control.

Explicó que, en una primera etapa, se utilizaron instrumentos de análisis y gestión administrativa, entre ellos Power BI, para dar seguimiento al desempeño de los tribunales e identificar las necesidades de cada dependencia judicial.

Posteriormente, se incorporó el Sistema de Gestión de Casos, lo que permitió fortalecer la organización de los procesos y la coordinación entre los diferentes tribunales que conforman el departamento judicial.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas por el Poder Judicial, los 33 tribunales del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana alcanzaron el 100 % de cumplimiento en el mantenimiento de sus casos al día. La institución informó que fueron certificados en octubre de 2025 y posteriormente recertificados en 2026.

El magistrado explicó que esta experiencia estuvo sustentada en tres componentes fundamentales: planificación, ejecución y control, considerados esenciales para organizar el trabajo, establecer metas y verificar el cumplimiento de los objetivos trazados.

También destacó que la reducción de la mora judicial no depende únicamente de las herramientas tecnológicas, sino del compromiso del personal, la coordinación institucional y la aplicación de métodos de trabajo que permitan dar seguimiento permanente a los expedientes.

Según las informaciones institucionales, desde noviembre de 2024 el departamento había alcanzado el 100 % de sus tribunales al día, como parte de los esfuerzos desarrollados para mejorar la respuesta del sistema de justicia.

La justicia oportuna como garantía ciudadana

Ramírez Suzaña sostuvo que la experiencia desarrollada en San Juan de la Maguana guarda una relación directa con el principio constitucional de tutela judicial efectiva, debido a que la reducción de los retrasos permite que los ciudadanos obtengan respuestas dentro de un plazo razonable.

En ese contexto, señaló la importancia de fortalecer las políticas de gestión judicial que permitan evitar la acumulación de expedientes y mejorar la capacidad de respuesta de los tribunales en todo el territorio nacional.

La eliminación de la mora judicial constituye uno de los principales desafíos de los sistemas de justicia, debido a que los retrasos pueden afectar los derechos de las personas, prolongar los conflictos familiares, patrimoniales y comerciales, y generar incertidumbre entre quienes acuden a los tribunales en busca de una solución.

Por ello, las propuestas presentadas por el magistrado ante el Consejo Nacional de la Magistratura abarcaron tanto la necesidad de actualizar las normas procesales como la importancia de fortalecer las herramientas administrativas y tecnológicas para mejorar el funcionamiento de los órganos judiciales.

Formación académica y trayectoria judicial

En el ámbito académico, Manuel Antonio Ramírez Suzaña cuenta con una maestría en Derecho Constitucional, una maestría en Educación y una especialidad en Derecho Judicial. Además, se desempeña como docente de la Escuela Nacional de la Judicatura, institución dedicada a la formación y capacitación de los integrantes del sistema judicial dominicano.

Su trayectoria al frente de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana le ha permitido participar en los procesos de organización, supervisión y gestión de los tribunales que integran ese departamento judicial.

Durante su comparecencia ante el Consejo Nacional de la Magistratura, sus planteamientos se concentraron en tres ejes principales: la modernización del procedimiento civil, el impulso de mecanismos alternativos para resolver conflictos y el fortalecimiento de la gestión judicial como vía para reducir los retrasos en la administración de justicia.

Con estas propuestas, el magistrado expuso su visión sobre la necesidad de avanzar hacia un sistema judicial que combine la actualización legislativa, el uso eficiente de la tecnología y una cultura de resolución de conflictos orientada a ofrecer respuestas oportunas a la ciudadanía.