JCE aprueba protocolo gratuito para regularizar actas de nacimiento de mayores de 60 años que poseen cédula

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.– La Junta Central Electoral (JCE) aprobó un protocolo extraordinario que permitirá regularizar los registros de nacimiento de personas de 60 años o más que poseen cédula de identidad y electoral, pero cuyos documentos presentan dificultades de localización, deterioro o ausencia en los archivos oficiales.

La disposición fue aprobada por el Pleno de la institución el 26 de octubre de 2026, mediante la Sesión Administrativa Extraordinaria No. 40-2026, como parte de las medidas destinadas a facilitar el proceso de renovación de la nueva cédula de identidad y electoral.

El procedimiento está contenido en el Protocolo para el Registro Extraordinario, Digitalización o Reconstrucción de los Nacimientos de Personas de 60 Años o Más que Posean Cédula, diseñado para dar respuesta a una problemática histórica que afecta a ciudadanos que durante décadas han utilizado documentos de identidad expedidos por el Estado dominicano.

Una problemática histórica

La iniciativa busca solucionar los casos de personas cuyos registros de nacimiento no aparecen en los archivos del Registro Civil, se encuentran total o parcialmente deteriorados, fueron extraviados o nunca llegaron a ser asentados formalmente.

Esta situación tiene su origen, en gran medida, en las disposiciones anteriores a 1992, cuando no era obligatorio presentar un acta de nacimiento para obtener la cédula de identidad.

Como consecuencia, numerosos ciudadanos pudieron obtener su documento de identidad sin que necesariamente existiera un registro de nacimiento debidamente instrumentado, lo que ahora representa un obstáculo para la renovación de sus documentos.

La JCE procura evitar que estas dificultades administrativas afecten a personas adultas mayores que han mantenido su identidad reconocida durante décadas.

¿Quiénes podrán beneficiarse?

El protocolo establece que podrán acogerse a este procedimiento extraordinario las personas que cumplan con las siguientes condiciones:

  • Haber cumplido 60 años de edad o más.

  • Poseer cédula de identidad o cédula de identidad y electoral.

  • Presentar dificultades relacionadas con la vinculación o localización de su registro de nacimiento.

  • Que, luego de las verificaciones correspondientes, se determine que el acta no aparece o está total o parcialmente destruida.

  • Haber completado la captura de sus datos biométricos durante el proceso de renovación de la cédula.

¿Cómo se realizará el procedimiento?

La Dirección Nacional de Registro del Estado Civil será responsable de gestionar los expedientes, mediante la búsqueda y verificación de información en las bases de datos institucionales y archivos físicos.

Dependiendo de cada caso, la institución podrá proceder a digitalizar el acta localizada, reconstruir el registro deteriorado o realizar una inscripción extraordinaria de nacimiento fuera de plazo, cuando corresponda.

Las solicitudes serán clasificadas bajo un estatus especial denominado “Renovación de Adultos Mayores (DNRC)”, con el propósito de garantizar un procesamiento priorizado.

El protocolo también contempla el aprovechamiento de los datos biométricos capturados durante la renovación de la cédula, así como la utilización de documentos y registros institucionales para verificar la identidad y la filiación de los solicitantes.

El trámite será completamente gratuito

Uno de los aspectos más importantes de la disposición es que el procedimiento no tendrá ningún costo para los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos.

La medida busca facilitar el acceso a la documentación de identidad y evitar traslados innecesarios a distintas dependencias, mediante un proceso administrativo centralizado y estandarizado.

Una vez completada la regularización del registro, los beneficiarios podrán continuar con el proceso de emisión o renovación de su documento de identidad.

Con esta iniciativa, la Junta Central Electoral procura fortalecer el Registro Civil dominicano y garantizar que las dificultades documentales heredadas del pasado no se conviertan en un impedimento para que los adultos mayores puedan ejercer plenamente sus derechos ciudadanos.

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