MMV emplaza a directivos del CDP mostrar recibos de pago de supuestas deudas

SANTO DOMINGO.- EL Movimiento Periodístico Marcelino Vega (MMV) emplazó al Comité Ejecutivo del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) a mostrar los recibos de los presuntos pagos que ha hecho para saldar las supuestas deudas dejadas por la pasada gestión como afirmara el director ejecutivo de esa entidad para justificar su inoperancia y la suspensión de los servicios en esa institución. 

Olivo De León, coordinador del MMV, calificó de sofismas, mal intencionadas y mentirosas las afirmaciones del director ejecutivo del CDP para tratar de ocultar el fracaso de la actual gestión y afirmó que con sus justificaciones injustificadas, los directivos de CDP lo que están es confirmando lo que no pueden negar.

Dijo que lo que no pueden negar es: primero, que las afirmaciones de  David Lorenzo son totalmente falsas, pues no es el Comité Ejecutivo del CDP el organismo responsable de cubrir lo relativo al seguro médico, funerario y de últimos gastos, las pensiones solidarias, ni de ninguna de las acciones de la seguridad social de los periodistas, sino que es el Instituto de Previsión y Protección al Periodista (IPPP), cuyo presidente es Juan Carlos Bisonó, quien recibe el 80 por ciento de los ingresos cobrados por concepto de la ley 10-91, y a quien la presidencia de la República hizo un significativo aporte hace poco tiempo.

Por lo tanto, no existe ninguna relación entre la suspensión del seguro médico hace más de dos meses y la pasada gestión encabezada por De León en el CDP, pues quien paga al seguro es el IPPP, no el CDP.

 Segundo, que es innegable y lo confirmó Lorenzo, que el seguro médico de los periodistas tiene más de dos meses suspendido, que los periodistas y su familia no tienen protección de salud. Tercero, que también está suspendido el seguro funeral y la garantía de cobertura denominada últimos gastos, lo cual paga el asegurado adicional al seguro médico. Cuarto, que está suspendido, y en peligro de desaparecer, el seguro de solidaridad o asistencia de RD$3,000 que se le daba a 25 periodistas de escasos recursos, pues de los 11 meses de la actual gestión no se le ha pagado más de tres.

Quinto, que las pensiones de los periodistas están en el aire, pues la actual gestión no hace nada para lograrlas. Sexto, que el personal del CDP-IPPP dura más de dos meses sin cobrar debido a la incapacidad de los directivos para generar recursos para su pago. Séptimo, que la directiva del CDP/IPPP han acumulado deudas por concepto de pago de prestaciones laborales a personal destituido o que han renunciado por las precarias condiciones de trabajo, lo cual es injustificable, pues si no tienen para pagar prestaciones, no deben cancelar.

Octavo, que los acondicionadores de aire no funcionan, escasamente sólo el del salón Orlando Martínez, por lo que el presidente no entra a su oficina y siempre se le ve sentado en la sala de pasados presidentes o a la entrada del edificio, y por lo que la sala digital no ofrece ningún servicio, permanece cerrada.

Noveno, que el CDP está incomunicado, sin teléfono, y que sólo funciona precariamente, una línea telefónica, de las seis dejadas por la gestión encabezada por Olivo De León. 

 Décimo, que los directivos no asumen su responsabilidad de defender a los periodistas agredidos, acosados, sometidos..

Décimo primero, que durante los cuatro años de las dos gestiones encabezadas por Olivo De León el CDP nunca se atrasó ni siquiera un día en el pago a los empleados, en el pago de los servicios de energía eléctrica, teléfonos y otros, por lo cual los mismos nunca fueron interrumpidos y que cuando se dañaba un acondicionador de aire, enseguida era reparado.

Décimo segundo, que la directiva es tan incapaz que a once meses de asumir la conducción del CDP/IPPP todavía recurren a su manido argumento de que están en bancarrota como forma de justificar su fracaso y su inoperancia.

Décimo tercero, continúan olvidándose que los periodistas no son tontos, que el CDP no es una institución con fines de lucro, y que por tanto no puede declararse en quiebra, además de que posee activos por encima de los RD$500 millones.