Lanzamiento de bombas lacrimógenas frente al Congreso Nacional afecta a diputado de San Juan.

SANTO DOMINGO, R.D.-Con el lanzamiento de bombas lacrimógenas los miembros de la Policía Nacional, en compañía de efectivos del Ejército, tratan de dispersar a decenas de jóvenes y algunos legisladores de la línea del ex presidente Leonel Fernández, en momentos en que los primeros trataron de instalar una carpa frente al Congreso para oponerse a una eventual modificación de la Constitución.

Informaciones preliminares sobre el incidente dan cuenta de que el gas lanzado por los agentes no solo afectó a los jóvenes que se resistían a acatar las órdenes de no montar las carpas, sino también a algunos legisladores como es el caso de Henry Merán, quien recibe atenciones médicas.

Este legislador fue capturado en un vídeo grabado desde el celular de una persona, sentado en la acera y visiblemente afectado por el picor producto de la bomba lacrimógena. Era asistido por un conjunto de personas que gritaban en rechazo de la acción policial.

Más adelante, el legislador por San Juan del partido de gobierno se ve recibiendo atenciones médicas.

Un contingente de policías antimotines se movilizó tan pronto sonaron las primeras acciones que dispersaron los participantes, quienes corrían de un lugar para otro a los fines de protegerse del humo que le afectó los ojos.

Antidemocrática. Previo al incidente, el diputado Merán, seguidor del ex presidente Fernández, había leído un documento a la prensa en la que rechazaba a nombre de otros diputados y diputadas, la iniciativa “ilegítima y antidemocrática de militarización del Congreso Nacional, como paso previo para el sometimiento del proyecto de ley, que iniciaría una fraudulenta y comprada reforma constitucional”.

Merán indicó que de conformidad con la Constitución, la República Dominicana es un estado social, democrático y de derecho, donde rige el principio de separación de los poderes públicos. “Cada poder tiene determinado en la Constitución sus atribuciones”, refirió.

Agregó que de conformidad con el artículo 128 de la Carta Magna, “el o la presidente de la República es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los demás cuerpos de seguridad el Estado”.

En ese sentido, sostuvo que la militarización del Congreso Nacional no ha podido realizarse sin la autorización expresa del Poder Ejecutivo, al tiempo que indicó que en la actualidad no existe circunstancia que podrían afectar la seguridad de la nación o sus instituciones, “como es el caso del Congreso, por cuanto las facultades ordinarias para la protección del mismo resultan suficientes”.

“Por tanto, es violatorio a la Constitución de la República, que el Poder Ejecutivo utilice sus atribuciones excepcionales para situaciones ordinarias”, puntualizó.