Jueza María Garabito aboga por una justicia penal más equitativa y contextualizada

“Llamo a construir una justicia penal que no solamente sancione, sino, que repare”, dice jueza Garabito

Por: Ramón Cruz Benzán

SANTO DOMINGO, R.D.- La Suprema Corte de Justicia está impulsando la inclusión de una Oficina de Probatoria con enfoque socioeconómico como parte de las modificaciones al Código Procesal Penal. Esta iniciativa busca que los jueces puedan contar con informes previos a la sentencia que les permitan tener parámetros más equitativos al momento de dictar una pena.

Así lo planteó la jueza de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte, María Garabito, quien dijo que están apostando para que el Congreso apruebe la modificación al código procesal penal e incluya dicha oficina, el cual será un pilar esencial para poder impartir justicia, más segura, más certera y sobre todo más coherente.

Jueza GarabitoJorge Cruz/LD.

Durante su participación en el panel "Problemática y Reforma del Proceso Penal", organizado por el director del Listín Diario, Miguel Franjul y el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, Angel Brito, la jueza señaló que el Poder Judicial está proponiendo al Congreso Nacional esta reforma para fortalecer la equidad en las decisiones judiciales.

Abordando una Debilidad Persistente del Sistema Judicial

Garabito consideró que una de las debilidades persistentes del sistema judicial penal dominicano es la ausencia de una instancia técnica dedicada a recopilar y analizar información socioeconómica relevante sobre los imputados y condenados.

Según Garabito, esta carencia impacta directamente en la determinación judicial de la pena, la cual debería fundamentarse en criterios objetivos, equilibrados y adaptados a la realidad individual de cada persona en conflicto con la ley.

Participantes del Panel de Expertos.Jorge Cruz/LD.

Destacó que el artículo 339 del Código Procesal Penal ya establece los criterios que el tribunal debe considerar al fijar la pena. Específicamente, el numeral 2 de dicho artículo exige tomar en cuenta las características personales del imputado, su educación, situación económica y familiar, así como sus oportunidades laborales y de superación personal.

Sin embargo, entiende, que en la práctica judicial dominicana, estos elementos rara vez son evaluados con información técnica o debidamente verificada. “Esto limita seriamente la posibilidad de una individualización real y justa de la pena”.

La Urgencia de Información Multidisciplinaria

La jueza Garabito manifestó que, en la actualidad, los jueces deben ponderar estos factores cruciales para la equidad del fallo sin disponer de una instancia que les provea informes socioeconómicos objetivos, estandarizados y multidisciplinarios.

Subrayó que esta falta de herramientas adecuadas impide a los operadores jurídicos aplicar de forma completa y razonada los principios que rigen la determinación de la pena.

Además, señala, que expone a las personas en situación de vulnerabilidad a decisiones desproporcionadas, donde su contexto social o sus oportunidades reales de reinserción no son visibilizados ni valorados.

Segundo ‘Panel de Expertos’ sobre los desafíos del sistema judicial penal del país.Jorge Cruz/LD.

Agregó que, sin una herramienta de esta naturaleza, la decisión penal corre el riesgo de basarse en una visión parcial del caso, centrada exclusivamente en el hecho punible, ignorando la dimensión humana del imputado.

Esto, destacó, no solo contraviene los fines de la pena previstos por la Constitución, sino que reproduce una justicia formalmente igual, pero sustancialmente desigual, en detrimento de quienes no pueden hacer visible su historia ni su entorno ante el sistema.

Hacia un Fortalecimiento Integral del Sistema Judicial

Desde esta perspectiva, la jueza Garabito resaltó que la creación de una oficina de probatoria es esencial para que los jueces puedan ejercer plenamente su función de dosificación penal conforme a derecho, con un enfoque de dignidad, proporcionalidad y reinserción social.

“Esto permitiría no solo cumplir el mandato normativo del artículo 339, sino también fortalecer la confianza en un sistema que debe sancionar, sí, pero también comprender, diferenciar y reparar”, enfatizó.

Garabito indicó que esta oficina sería crucial para evaluar adecuadamente otros aspectos contemplados en el mismo artículo, tales como los efectos futuros de la pena en relación con el imputado y su familia, el contexto cultural y social del hecho y las condiciones reales de cumplimiento de la condena.