Fuerza del Pueblo acusa al PRM de institucionalizar las contrataciones excepcionales para adjudicar obras millonarias sin controles

                                                                   

SANTO DOOMINGO, R.D.- La Fuerza del Pueblo (FP) acusó al gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de convertir los mecanismos de excepción en una práctica habitual para la contratación de obras públicas millonarias, alegando que esta modalidad debilita la transparencia, reduce la fiscalización y facilita la evasión de controles establecidos por la ley.

La organización política solicitó este martes a la Cámara de Diputados detener la aprobación de la nueva modificación a las leyes 118-21 y 83-24 hasta que se realice una evaluación integral sobre sus implicaciones fiscales, contractuales e institucionales.

La posición oficial fue presentada durante una rueda de prensa celebrada en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, encabezada por el secretario de Obras Públicas de la Fuerza del Pueblo, ingeniero Mariano Germán, quien advirtió que en la República Dominicana opera actualmente un “régimen paralelo de contratación” que estaría desplazando los mecanismos ordinarios de supervisión y transparencia contemplados en la legislación vigente.

Germán sostuvo que el uso recurrente de procedimientos excepcionales ha dejado de ser una medida extraordinaria para convertirse en una práctica sistemática dentro de la administración pública. Según explicó, esta tendencia pone en riesgo los principios de competencia, igualdad y rendición de cuentas que deben regir las contrataciones estatales.

“El país no puede normalizar un modelo donde las excepciones sustituyan las licitaciones públicas y los controles institucionales. Las obras del Estado deben ejecutarse con total transparencia y bajo mecanismos abiertos y competitivos”, expresó el dirigente político.

La Fuerza del Pueblo también manifestó preocupación por el impacto financiero que podrían generar las modificaciones legislativas, señalando que una flexibilización excesiva de los procesos de contratación podría comprometer recursos públicos sin las debidas garantías de supervisión técnica y legal.

Asimismo, el partido opositor consideró que cualquier reforma relacionada con contrataciones públicas debe ser discutida ampliamente con sectores técnicos, jurídicos y sociales, debido a las implicaciones que tendría sobre la institucionalidad democrática y el manejo del presupuesto nacional.

La organización reiteró su llamado a los legisladores para que prioricen el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y control, en lugar de aprobar cambios que —a su juicio— podrían ampliar la discrecionalidad en la adjudicación de obras públicas.