Ministerio Público acusa a médicos de cobrar a SeNaSa por consultas y procedimientos que afiliados aseguran nunca recibieron

                                                                 

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Ministerio Público atribuye a un grupo de médicos, exempleados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y particulares la presunta ejecución de un esquema organizado mediante el cual se habrían gestionado autorizaciones y posteriormente cobrado consultas y procedimientos médicos que, según la investigación, nunca fueron realizados.

Las imputaciones forman parte de la solicitud de medida de coerción depositada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) contra 25 personas vinculadas a la Operación Cobra 2.0-A, una nueva fase de las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la principal Administradora de Riesgos de Salud (ARS) estatal.

El expediente, de aproximadamente 525 páginas, describe un supuesto mecanismo mediante el cual se utilizaban datos personales de afiliados para generar autorizaciones y reclamaciones por servicios médicos que estos posteriormente negaban haber recibido. El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva para los 25 imputados y que el proceso sea declarado complejo.

Un mecanismo basado en autorizaciones y facturaciones

De acuerdo con la acusación, los integrantes de la estructura habrían identificado afiliados cuyos perfiles permitían generar operaciones médicas con menores posibilidades de ser detectadas de inmediato.

Según el expediente, se habrían seleccionado especialmente personas con poco historial de interacción con SeNaSa, para luego utilizar sus datos en la solicitud de autorizaciones médicas.

Una vez obtenidas las autorizaciones, las operaciones presuntamente continuaban con la elaboración y presentación de reclamaciones ante la aseguradora, sustentadas —según el Ministerio Público— en expedientes, formularios y documentos que no necesariamente correspondían a servicios efectivamente prestados.

La investigación señala además que se habrían utilizado mecanismos internos de SeNaSa para facilitar el acceso a información de los afiliados y agilizar determinadas gestiones.

El Ministerio Público atribuye participación a exempleados de la ARS estatal y a profesionales de la salud, a quienes señala de intervenir en diferentes etapas del supuesto esquema.

Más de 4,300 autorizaciones bajo investigación

Uno de los principales datos contenidos en el expediente es la identificación de 4,363 autorizaciones que el Ministerio Público considera fraudulentas, por un monto de RD$41,125,551.02.

La acusación sostiene que, después de que SeNaSa realizaba los pagos correspondientes, parte de los recursos habría sido entregada a integrantes de la estructura mediante efectivo o transferencias bancarias.

Según la investigación publicada a partir del contenido de la solicitud de coerción, los médicos involucrados presuntamente habrían entregado entre 40 % y 60 % del monto cobrado a otros miembros señalados por el Ministerio Público.

Afiliados niegan haber recibido los servicios

Uno de los elementos utilizados por los investigadores para sustentar las imputaciones son las entrevistas realizadas a afiliados cuyos nombres aparecen asociados a las reclamaciones.

En varios casos, los asegurados manifestaron no reconocer consultas, estudios o procedimientos que posteriormente aparecían registrados en sus historiales de servicios.

En el caso relacionado con el médico Víctor Felipe Rodríguez García, la investigación recoge testimonios de afiliados que, según el expediente, negaron haber recibido los servicios reclamados a sus nombres.

También figura el caso de Martha Isabel Mejía Ramos, quien manifestó no conocer a la ortopeda Martha María Saldaña Saldaña, pese a que en su historial aparecía una consulta especializada atribuida a dicha profesional.

Otros afiliados interrogados por los investigadores también habrían negado reconocer servicios registrados a sus nombres con diferentes médicos incluidos en la investigación.

El Ministerio Público sostiene que estas entrevistas permitieron establecer un patrón en el que aparecían registrados servicios médicos que los beneficiarios aseguraban no haber solicitado ni recibido.

Firmas y documentos también son objeto de peritajes

La investigación incluye además informes periciales relacionados con documentos utilizados para sustentar las reclamaciones.

En algunos casos, el Ministerio Público incorporó análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) sobre firmas colocadas en formularios atribuidos a afiliados.

En las reclamaciones vinculadas a la doctora Yocaira Antonia Méndez de Medina, la investigación refiere peritajes que concluyeron que determinadas firmas colocadas a nombre de afiliadas no presentaban correspondencia con sus características caligráficas.

El expediente sostiene que estas presuntas irregularidades formarían parte de un mecanismo más amplio que incluía la utilización de datos personales, generación de autorizaciones, elaboración de documentos y posterior reclamación de pagos.

Los 25 imputados

Tras los allanamientos realizados el pasado viernes, el Ministerio Público inicialmente reportó 28 arrestos. Posteriormente, tres personas fueron dejadas en libertad y la solicitud de medida de coerción quedó dirigida contra 25 imputados.

Entre los médicos incluidos en el expediente figuran:

Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.

También figuran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez, vinculados por el Ministerio Público a funciones y actuaciones relacionadas con el supuesto esquema.

37 allanamientos y 28 arrestos

La Operación Cobra 2.0-A fue ejecutada el viernes 18 de septiembre mediante 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega.

En los operativos participaron 45 fiscales y alrededor de 200 agentes policiales, de acuerdo con las informaciones divulgadas por el Ministerio Público.

Los allanamientos ampliaron las investigaciones del caso SeNaSa 2.0 hacia médicos, prestadores de servicios de salud y otras personas relacionadas con el sector.

Medida de coerción se conoce este lunes

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este lunes 21 de septiembre, a partir de las 2:00 de la tarde, la solicitud de medida de coerción contra los 25 imputados.

El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado de tramitación compleja, alegando la cantidad de personas involucradas, la pluralidad de hechos investigados y el número de posibles víctimas.

La audiencia deberá enfrentar los argumentos del órgano acusador con los planteamientos de las defensas de los imputados, mientras el tribunal tendrá la responsabilidad de determinar las medidas cautelares que correspondan conforme a la legislación dominicana.

Presunción de inocencia

Las acusaciones descritas forman parte de la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público y no constituyen una sentencia definitiva.

Los 25 imputados mantienen su presunción de inocencia hasta que una decisión judicial irrevocable determine su responsabilidad penal. Corresponderá al Ministerio Público presentar y sustentar sus pruebas durante las distintas etapas del proceso judicial.