Sector arrocero advierte riesgo de quiebra y exige al Gobierno un plan urgente para proteger la producción nacional

POR: ANTHONY R. MENDEZ

Santiago de los Caballeros, República Dominicana. — Representantes del sector arrocero vinculados a la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) solicitaron al Gobierno dominicano la convocatoria urgente de una mesa de diálogo con todos los actores de la cadena productiva, a fin de diseñar un plan estratégico nacional que garantice la sostenibilidad de la producción arrocera, preserve los empleos rurales y proteja la seguridad alimentaria del país.

El ingeniero Anyelo Rodríguez, representante del sector agropecuario, advirtió que la ausencia de políticas públicas sostenibles y de medidas concretas para mejorar la competitividad del arroz dominicano podría colocar a numerosos productores en una situación económica crítica.

“Porque si no se hace un plan estratégico institucional de política pública, los productores de la República Dominicana automáticamente tienen una sentencia de quiebra”, expresó Rodríguez, al alertar sobre los desafíos que enfrenta el sector ante los cambios en las condiciones comerciales y la competencia del arroz importado.

Desigualdad en los costos de producción

Rodríguez señaló que los productores dominicanos enfrentan dificultades para competir en igualdad de condiciones con sus homólogos estadounidenses, debido a las diferencias en materia de financiamiento, subsidios, tecnología, transporte y capacidad de producción.

Según sus declaraciones, mientras la libra de arroz en Estados Unidos ronda los RD$22, en República Dominicana puede alcanzar los RD$45. También destacó que los productores estadounidenses reciben ayudas económicas que contribuyen a reducir sus costos, mientras que los agricultores dominicanos deben recurrir a préstamos con tasas de interés elevadas para financiar sus cosechas.

El representante agropecuario indicó que los pequeños y medianos productores nacionales también enfrentan limitaciones relacionadas con la estructura minifundista del país, que dificulta aprovechar economías de escala y desarrollar procesos productivos más eficientes.

A esto se suman los costos de transporte, los gastos de preparación de terrenos, los sistemas de riego, los fertilizantes y otros insumos indispensables para mantener la producción.

Miles de familias dependen del arroz

El dirigente del sector agropecuario destacó la importancia económica y social de la producción arrocera para la República Dominicana. De acuerdo con las cifras citadas por Rodríguez, alrededor de 30,000 productores participan en esta actividad, de la que dependen cientos de miles de familias vinculadas directa e indirectamente al cultivo, procesamiento, transporte y comercialización del cereal.

Advirtió que una reducción significativa de la rentabilidad podría provocar el endeudamiento de los agricultores, la disminución de las áreas sembradas y el abandono de la actividad por parte de productores que no logren recuperar sus inversiones.

Las consecuencias, sostuvo, no afectarían únicamente a los propietarios de terrenos agrícolas, sino también a jornaleros, transportistas, factorías, comerciantes y proveedores de insumos, especialmente en las comunidades rurales cuya economía depende de la producción de arroz.

Piden medidas concretas y diálogo con el Gobierno

La solicitud de la ACIS se produce en medio del debate nacional sobre las medidas arancelarias aplicadas al arroz y la entrada en vigor de nuevas condiciones comerciales en el marco del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).

El Gobierno ha defendido su compromiso con la producción nacional y ha informado sobre conversaciones con los representantes del sector para evaluar alternativas de protección y fortalecimiento de la actividad arrocera. Sin embargo, organizaciones vinculadas a la producción han insistido en que las medidas deben traducirse en soluciones concretas, con recursos definidos y mecanismos de aplicación verificables.

En ese contexto, los representantes del sector consideran necesario establecer una mesa de trabajo que reúna a las autoridades, productores, industriales, factorías, comerciantes y demás actores relacionados con la cadena arrocera.

Entre las prioridades planteadas por el sector figuran el acceso a financiamiento en condiciones favorables, la atención a las deudas agrícolas, la reducción de los costos de producción, la modernización de los sistemas de riego, la mecanización y el fortalecimiento de los canales de comercialización.

El objetivo es establecer una estrategia de largo plazo que permita mejorar la productividad, reducir las desigualdades frente a los mercados internacionales y garantizar condiciones que hagan rentable la actividad agrícola.

La preocupación central es que cualquier cambio en las reglas comerciales debe ir acompañado de medidas que permitan a los productores dominicanos adaptarse a las nuevas condiciones sin comprometer la continuidad de sus operaciones.

Finalmente, el sector reiteró su llamado al Poder Ejecutivo para que promueva un diálogo amplio y transparente, capaz de generar acuerdos y acciones concretas en defensa de la producción arrocera.

Los representantes sostienen que proteger al productor nacional significa también defender el empleo rural, la estabilidad de las comunidades agrícolas y el abastecimiento de uno de los alimentos fundamentales de la dieta dominicana.