ARTÍCULO: Para entender el «Peaje Sombra»

Por: Cristian Hidalgo

En el día de ayer jueves, el presidente Luís Abinader se dirigió a la nación dominicana para anunciarle la rescisión mediante un acuerdo amigable con las empresas Autopista del Nordeste, S.A. y Boulevard Turístico S.A., concesionarias de las infraestructuras viales Autopista del Nordeste y Bulevar Turístico del Atlántico, que le costó al Estado Dominicano unos 410 millones de dólares, pero que también le quitó una onerosa carga que durante 17 años drenaría nuestro presupuesto anual en miles de millones de pesos.

Todo se inició cuando en el año 1998, el gobierno presidido por el Dr. Leonel Fernández pretendía erigir a Samaná como polo turístico, para lo cual se precisaba de las obras de infraestructura imprescindibles para lograrlo. Es así como se convoca en varios periódicos de circulación nacional en 1998, a un concurso público para la construcción y operación de la carretera Santo Domingo – Cruce Rincón de Molinillos, de 64 kilómetros de longitud, el cual se dejó sin efecto y al año siguiente (1999), se hace una nueva convocatoria, con la diferencia que ahora sería «Santo Domingo – Samaná», con 105 kilómetros; con financiamiento de los recursos del ente contratado.

El gobierno de Leonel Fernández pretendía que un consorcio internacional le haga la carretera al país, que financie la misma (sea con sus propios recursos o con un ente financiero por este gestionado); a cambio de otorgarle la explotación de los peajes durante un espacio de 30 años. La concesión entre la empresa Autopista del Nordeste, S.A. y el Estado Dominicano se originó el 8 de diciembre de 1999, al ganar el consorcio colombiano la adjudicación del contrato mediante concurso público internacional, para construir y operar la carretera Santo Domingo – Samaná.

Por razones desconocidas para algunos pero imaginadas para otros, el entonces secretario de Obras Públicas, Miguel Vargas, autoriza en enero del 2001 a las empresas colombianas Grupo Odinsa S.A, Grodco S.C.A y Consorcio Remix S.A para que formen parte del concesionario, no obstante en el pliego de la licitación se establecía que las empresas que no hubiesen participado no podrían ser parte del consorcio. Meses después, el 18 de julio se rubricó el contrato «carretera Santo Domingo – Samaná bajo el sistema de administración del régimen de peaje” entre el secretario de Obras Públicas y Luis Fernando Jaramillo Correa, en representación del conglomerado societario, por un monto de US$125.5 millones de dólares.

Para asegurarse el contrato, hay fraudes cometidos por los concesionarios que nunca parecieron relevantes, sin embargo pudieron ser tomados como base o justificación para rescindir el contrato ante cualquier litigio internacional; la primera es que para justificar solvencia económica avalaron su propuesta con un financiamiento del banco Baninter por US$125 millones, cuando en realidad eso era falso; la segunda, que previo a firmar el contrato en contubernio con la firma consultora internacional de tráfico «Louis Berger Group» presentaron un supuesto estudio de tráfico que garantizaba que el Estado Dominicano sólo tendría que subsidiar el proyecto los primeros 7 años (del 2008 en que se inauguraba hasta el 2015), ya que a partir de ese tiempo, el flujo vehicular sería al menos de 4,000 vehículos (todo un fraude).

Es preciso señalar, que la firma que hizo el supuesto estudio de tráfico «Louis Berger Group», su CEO señor Derish Wolff, se declaró culpable en los Estados Unidos, por conspirar para defraudar a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés, durante casi 20 años. Dicha empresa desde el año 1999 exhibía un modus operandi en base a actividades fraudulentas en donde la República Dominicana fue una más de sus víctimas.

El contrato establece que el plazo total del acuerdo son 33 años y tres meses, de los cuales los primeros tres meses correspondieron al plazo de liquidación del contrato, tres años para la ejecución de la obra y los 30 años restantes se han dedicado para la operación y mantenimiento de la autopista a manos de la entidad privada. Del monto contratado, el Estado erogaría un 20% mientras que el concesionario pagaría el 80% restante por sus propios medios.

«Demasiado bello para ser real» dice el refrán. Aunque en la licitación no se contempló, los concesionarios se las arreglaron para que sea incorporada al contrato la condición de que «en caso que los recaudos de las estaciones de peaje no sean suficientes para cubrir las expectativas del «estudio de tráfico», el Estado se comprometía a subsidiar la diferencia. Es ahí de donde nace el mote «Peaje Sombra», ya que si el costo total para la construcción, operación y mantenimiento de ambas autopistas fue de aproximadamente US$305 millones, al día de hoy el Estado ha pagado más de 500 millones de dólares, el recaudo de las estaciones de peaje, el 20% del contrato y 410 millones que pagará para rescindirlo.

«Arbol que nace torcido, jamás su tronco endereza». Ese contrato nació mal y bien no podría terminar. Hay muchas interrogantes para hacer: ¿Por qué fue autorizado a que sean parte del concesionario las empresas colombianas Grupo Odinsa S.A, Grodco S.C.A y Consorcio Remix S.A? ¿Por qué un contrato que se firmó en el año 2001 en el gobierno del PRD por US$125 millones, lo tenia el gobierno del PLD dos años antes en US$175 millones? ¿Por qué si dos años antes había una tasa de interés de un 6% fue contemplada en el contrato un 10.5%? ¿Por qué si en la licitación no se estipulaba ninguna compensación por el Estado, en el contrato se estableció el «peaje sombra»?

Otras preguntas no menos importantes son: ¿Por qué si Leonel le aseguró al Congreso que esa obra le generaría ingresos por US$900 millones al Estado, tendrá este que egresar más de US$1,000 millones? ¿Quiénes son los accionistas reales de esas empresas que fueron adheridas al concesionario? ¿Cuáles fueron los legisladores que aprobaron esos contratos y a cambio de qué? ¿Cuáles funcionarios de nuestros gobiernos son socios de Jaramillo? ¿Cuáles fueron las condiciones para permitirle al Gobierno de Luís Abinader liquidar con 410 millones de dólares, lo que pudo significar US$1,500 millones en los 17 años faltantes?

Fuente: Periódico digital Notificado